Un nuevo giro en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe ha surgido tras la difusión de videos que indican que el sicario que le disparó no actuó solo. El ataque, que tuvo lugar durante un evento público en Bogotá, dejó al político en estado crítico, con heridas en la cabeza y una pierna.
Los primeros informes de las autoridades apuntan a que el sicario, un adolescente de apenas 15 años, contaba con la colaboración de al menos cinco cómplices. Las imágenes recientemente reveladas por Noticias Caracol muestran los movimientos del menor antes de llevar a cabo el ataque, sugiriendo una planificación meticulosa y la participación de otros individuos que lo apoyaron desde las sombras.
Los videos capturan al sicario utilizando al menos dos vehículos diferentes, lo que indica que su acción estaba cuidadosamente coordinada. Además, se observa a otros cómplices, conocidos como “campaneros”, que estaban al tanto de sus movimientos y listos para actuar en el momento oportuno. Este nivel de organización ha llevado a las autoridades a considerar que el ataque no fue un acto aislado, sino parte de un plan más amplio.
Según las investigaciones preliminares, el adolescente no tenía intención de escapar simplemente corriendo. Se ha revelado que había dos motos esperando en las inmediaciones, lo que sugiere que había un plan de fuga en caso de que el ataque tuviera éxito. Este descubrimiento ha intensificado la urgencia de las indagaciones, con el objetivo de identificar y capturar a todos los involucrados en el atentado.
Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer los detalles de este ataque y la posible vinculación de sus cómplices. La situación ha generado una gran preocupación en la opinión pública, subrayando la necesidad de abordar la creciente violencia y los riesgos que enfrentan los líderes políticos en el país.
La comunidad espera respuestas rápidas y efectivas por parte de las fuerzas de seguridad, quienes han intensificado las investigaciones en busca de justicia y para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La seguridad de los funcionarios públicos y la integridad de los eventos democráticos deben ser prioridades para garantizar un entorno político más seguro en Colombia.